El último sobre transparencia

Marcos Méndez Lara
Hace nueve años comencé a escribir en este diario artículos sobre transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y participación ciudadana, primero en la columna Guerrero Transparente, y después, a partir de diciembre de 2011, en Monitor de Guerrero. Fueron 225 textos, la mayoría basados en opiniones documentadas, que se publicaron puntualmente en El Sur, periódico de Guerrero.
Hoy anuncio que dejaré de publicar esta columna porque he tomado la decisión de aceptar el cargo de Representante de la Procuraduría Agraria en el estado. Sin duda, un enorme reto en mi trayectoria profesional que espero cumplir cabalmente. Sin embargo, esta nueva actividad pública es incompatible con la naturaleza y los principios que dieron origen a Monitor de Guerrero, que en esencia se define como un espacio ciudadano u observatorio de la política de transparencia y la rendición de cuentas gubernamental.
Podría continuar publicando esta columna, como algunos servidores públicos que tienen espacios en los medios, pero decidí dejar a salvo ese propósito inicial y no entreverarlo con mi actual condición de funcionario público.
Muchas satisfacciones obtuve gracias a esta publicación. Se convirtió en un verdadero vínculo con muchos lectores, ya que al encontrarnos en las más diversas circunstancias o incluso en los más lejanos lugares, salía a relucir que eran lectores frecuentes de Monitor de Guerrero y eso nos hacía tener un lazo común.
Pero tal vez las mayores satisfacciones fueron aquellas en que lograba incidir en las dependencias gubernamentales para que iniciaran, modificaran o ajustaran sus prácticas de transparencia. Sigo pensando que el periodismo, especialmente el de investigación, puede tener incidencia en las políticas públicas, sobre todo cuando se hace con argumentos y con un trabajo bien documentado. En este punto seguramente muchos compañeros de los medios y opinadores profesionales difieren conmigo, pero sostengo que es uno de los objetivos subyacentes que tiene nuestra actividad.
Pilares
La aceptación de Monitor de Guerrero se basó en dos pilares principales: el primero se relaciona con la intención de que cada texto y en particular cada argumento estuviera suficientemente documentado a partir de fuentes sólidas, fueran leyes, planes, políticas, proyectos gubernamentales y estudios o diagnósticos académicos.
También respecto de las fuentes, una de las características de esta columna es que casi siempre la información y datos correspondía con la que me enviaban como respuestas –o también cuando omitían las respuestas– a preguntas que formulaba a través de solicitudes de información dirigidas a diferentes entidades públicas gubernamentales para conocer datos sobre programas, proyectos, políticas o acontecimientos de interés. También los portales electrónicos de las dependencias y la plataforma nacional de transparencia se convirtieron en una fuente importante de información; en muy pocas ocasiones retomé otras fuentes, como las declaraciones de servidores públicos y otros actores sociales, o los comunicados de prensa.
Aunque los de Monitor fueron textos encuadrados dentro del género de opinión, siempre busqué que las opiniones ahí vertidas contaran con un respaldo que las apuntalara. Me parece que en Guerrero, para tener una idea más clara de nuestra realidad, con sus causas, efectos y consecuencias, es indispensable y urgente tener más ejercicios de un periodismo que investigue.
El segundo pilar es el de la especialización. Hay temas que requieren en periodismo ser tratados con cierta profundidad y análisis, sin llegar a ser textos científicos o académicos. Para hacer periodismo especializado se requiere conocer la realidad sobre la que se va a informar y tener claros los ámbitos temáticos que se abordan. Otra característica es que hay una imperiosa necesidad de contextualizar la información y todo lo anterior permite satisfacer las demandas de información especializada por parte de las audiencias sectoriales.
Mi especialización en este tema se remonta a principios de este siglo, cuando desde varias organizaciones de la sociedad civil fui promotor de la rendición de cuentas en el espacio municipal involucrando tanto a autoridades y funcionarios de ayuntamientos como a habitantes de comunidades rurales y de colonias populares. De manera especial, junto con compañeros y compañeras iniciamos diversas actividades orientadas a construir ciudadanía buscando participar en el espacio público a través de contralorías sociales, observatorios ciudadanos y otras formas de participación ciudadana institucionalizados como los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal y los comités de desarrollo comunitario y comités de obra pública municipal. 
Uno de esos espacios fue una iniciativa de organizaciones y ciudadanos denominado Ciudadanos por Municipios Trasparentes (Cimtra), que de 2008 a 2016 realizó monitoreos a los ayuntamientos del estado, constituyéndose en el primer ejercicio de revisión hecha por ciudadanos a la transparencia de los municipios.
Otro acontecimiento que marcó el inicio de mi especialización en la materia fue la legislación de leyes de transparencia. La publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el 11 de junio de 2002 abrió expectativas para la aprobación de leyes en las legislaturas estatales. En esas fechas participé activamente con organizaciones sociales y de periodistas en acciones diversas para exigir al Congreso de Guerrero que legislara una ley de transparencia, lo que no ocurrió hasta 2005, convirtiéndose el estado en uno de los últimos en el país en contar con su ley local. Este hecho, junto con la aprobación de una muy mala ley por la 57 Legislatura del Congreso, y especialmente su laxa aplicación, me llevaron a integrarme a diferentes frentes para exigir que se mejoraran los niveles de transparencia en el estado.
Desde entonces comencé a documentarme sobre estos temas tan importantes para la administración pública. Asistí a cursos, talleres, diplomados, seminarios y di puntual seguimiento a lo que sucedía en el ámbito nacional. No dejé por supuesto esa importante tarea de construir ciudadanía a partir de la exigencia de rendición de cuentas.
Con ese bagaje de experiencias y conocimientos, inicié la publicación de artículos en El Sur y de manera temporal en la revista Trinchera y en la que edita la organización de migrantes Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste.
11 años
Monitor de Guerrero abordó muchísimos temas relativos a la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el ámbito público. Quien siguió de cerca esta columna pudo darse cuenta que nunca hubo consigna de ningún tipo en los temas que se abordaban: lo mismo analizamos a gobiernos estatales, municipales, organismos autónomos, dependencias federales o al órgano garante, sin importar su filiación política o electoral.
En este espacio denunciamos irregularidades y presuntos casos de corrupción en el Instituto Guerrerense de Atención Integral de las Personas Adultas Mayores de las pensiones entregadas (2011), así como en la entonces Secretaría de Desarrollo Rural con el programa Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua. Igualmente, la gran discrecionalidad con que se usaron los recursos del Plan Nuevo Guerrero, destinados a la reconstrucción luego de los fenómenos metereológicos Ingrid y Manuel en 2013, entre otros muchos.
En Monitor de Guerrero publicamos y comentamos por primera vez en el estado las observaciones que emitía la Auditoría Superior de la Federación al gasto federalizado ejercido por el gobierno del estado y los ayuntamientos y que ejemplificaron en su oportunidad lo mucho que estaba por realizarse en materia de fiscalización del gasto público en el estado.
También en diferentes oportunidades advertimos que el órgano garante guerrerense tenía deficiencias en la realización de sus actividades, tal vez la más sonada y que documentamos suficientemente fue aquel periodo entre 2006 y 2011 en el que la entonces Comisión de Acceso a la Información del estado manipuló las cifras de solicitudes de información y nos pretendió vender como una entidad de primer mundo con una ciudadanía aparentemente muy participativa.
Dimos cuenta de los compromisos de los diferentes gobiernos estatales en materia de transparencia y cómo éstos se iban difuminando conforme avanzaban sus periodos de gobierno. De hecho, antes de la Ley General de Transparencia, que hizo obligatoria una política nacional en la materia y que las entidades debían seguir, durante 15 años en Guerrero no tuvimos una política local vigorosa, ni siquiera mediana, más bien muy apocada.
Hubo temas específicos a los que le dedicamos varios artículos, como la opacidad de los ayuntamientos, el programa de fertilizante y el Congreso del estado.
La falta de transparencia en los gobiernos municipales fue el asunto que con más frecuencia abordamos en Monitor de Guerrero, esto porque es el sector que hasta hoy ha carecido de sistemas efectivos de control sobre los recursos que ejerce y en consecuencia la transparencia y la atención a solicitudes de información está muy disminuida. Miles de habitantes de los 81 municipios del estado quieren saber en qué y cómo se gastan los recursos que se destinan a los ayuntamientos.
Igualmente, el programa de fertilizante fue un tema recurrente en la columna, por la opacidad con que se manejó y porque todavía hoy presenta numerosos problemas en su operación. Las diferentes administraciones estatales –antes era este orden de gobierno el que establecía las bases normativas– y los ayuntamientos que se encargaban de las adquisiciones y la distribución del insumo agrícola nunca transparentaron ni los procesos de licitación y contratación, ni los estudios de calidad del fertilizante, ni la información necesaria para diagnosticar lo que sucedía en este programa en el que se invertían más de mil millones de pesos y que beneficiaba a cerca de 300 mil productores.
Las diferentes legislaturas del Congreso del estado tuvieron en la falta de transparencia una de sus características. Fueron muchos los campos que denunciamos en esta columna, pero destacadamente fue el de los gastos de gestión o gestoría el rubro de mayor opacidad, ya que a la fecha se desconocen sus mecanismos de operación y a qué exactamente se destinan. Según nuestros cálculos, la mitad del presupuesto de este órgano legislativo se ha destinado a este concepto, sin que la ciudadanía conozca su destino.
Un hasta luego
Como resultado de las solicitudes de información que presentamos o de los análisis que aquí publicamos, tuvimos pequeños logros en favor de la transparencia, como la difusión por primera y única vez del padrón de productores del programa de fertilizante, los informes de cuenta pública del Ejecutivo, el conteo preciso de solicitudes de información por el Instituto de Transparencia, y más recientemente, el ajuste a la metodología de las verificaciones que realiza ese organismo garante. Pero el mayor logro sin duda es haber puesto en la discusión pública temas que hace 10 o 15 años no se tocaban, es decir, mantener la exigencia de rendición de cuentas como algo cotidiano y no como excepción.
Falta mucho qué hacer en el estado y ojalá aparezcan más espacios con información y reflexiones para el debate. La normatividad de última generación dio origen a los sistemas nacionales de transparencia, fiscalización, contabilidad gubernamental y anticorrupción, pero éstos no se implementan de manera homogénea en el país y es necesario dar un seguimiento especial a la manera en que se aplican aquí, por ser una entidad con muchas carencias y con la mayoría de su población viviendo en condiciones de pobreza. Sólo por eso se justifica. Ojalá estos y otros temas sean investigados, analizados y publicados en los medios de comunicación.
Agradezco infinitamente a Juan Angulo y Maribel Gutiérrez este valioso espacio en El Sur. Nunca recibí de ellos ni un atisbo de censura, mucho menos ninguna sugerencia de abordar esta u otra temática. Las correcciones que aplicaron a mis textos en todo caso fueron las que el diario tiene en su manual de estilo.
Me voy muy agradecido también con todas y todos aquellos que se tomaron la molestia de leer esta columna durante 11 años. La mayor parte de los trabajos publicados se pueden consultar en http://transparenciaguerrero.blogspot.com/

La transparencia 2019 en cifras

Marcos Méndez Lara
A propósito del décimo cuarto informe de labores del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro), correspondiente al ejercicio 2019, hay datos relevantes que permiten tener un panorama general sobre lo que está sucediendo en el estado en transparencia y acceso a la información. De manera global se observa un creciente interés de la ciudadanía por ejercer su derecho de acceso a la información (presentación de solicitudes) y hacerlo valer (recursos de revisión y denuncias ciudadanas), pero también se registra una tímida respuesta de los sujetos obligados o dependencias públicas a este naciente activismo de la ciudadanía.
En materia de transparencia, según el informe del Itaigro, se palpa una leve mejoría en los niveles de cumplimiento, pero no en los ayuntamientos, pues todavía persiste en este sector una gran resistencia a publicar los rubros importantes que establece la ley.
Tal vez a estas alturas sea inaceptable que haya 48 dependencias públicas, de 196 evaluadas, que no presentaron su informe anual de solicitudes de información al que están obligadas por ley; ni que 26 sujetos obligados tengan calificaciones de cero puntos o que 14 hayan obtenido menos de 10 puntos porcentuales en sus obligaciones de transparencia.
Este informe del Itaigro desnuda esa realidad del estado: crece la participación ciudadana, pero las respuestas institucionales son insuficientes.
Solicitudes de información
Hay un incremento importante de las solicitudes de información de 2018 a 2019, pues pasaron de 7 mil 264 a 8 mil 655, que equivale a 19.1 por ciento. La mayoría de estas solicitudes se presentaron mediante dispositivos electrónicos como la plataforma nacional de transparencia o el sistema Info Guerrero. Este incremento indudablemente es saludable para la vida pública del estado, ya que indica que hay en la ciudadanía un interés creciente por conocer lo que hacen las instituciones gubernamentales.
Si se observa por sectores, las 70 dependencias del Ejecutivo estatal recibieron 3 mil 76 solicitudes, mientras que a los 81 ayuntamientos llegaron 2 mil 779; entre ambos concentran el 67.6 por ciento de todas las solicitudes del estado en 2019. Le siguen los órganos públicos autónomos con mil 431 solicitudes y el poder legislativo con 360.
Si se observa por dependencias, los primeros lugares son para la Fiscalía General del Estado, con 781 solicitudes, el ayuntamiento de Acapulco, con 564; el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con 332; la Secretaría de Fianzas y Administración y la de Salud (310) y el ayuntamiento de Chilpancingo, con 305 solicitudes de información.
Y así como es positiva la cifra del incremento del número de solicitudes de información, hay otros datos que no lo son tanto, como el caso de las dependencias que no presentaron su informe anual de solicitudes de información ante el Itaigro. En 2019, las dependencias que omitieron presentar su informe alcanzan el alarmante número de 48. Es una tendencia que no se ha modificado, pues en 2018 fueron 53 las dependencias que no enviaron este informe al Itaigro. La omisión es sumamente grave porque se percibe no sólo como un desacato a la ley de transparencia, sino como una falta de interés de los titulares por hacer una gestión transparente.
De los 48 sujetos obligados que en 2019 no presentaron su informe, 19 son ayuntamientos: Alpoyeca, Arcelia, Atlixtac, Ayutla, Copalillo, Copanatoyac, Cutzamala, General Canuto A. Neri, General Heliodoro Castillo, Huamuxtitlán, Igualapa y José Joaquín de Herrera.
Tampoco presentaron su informe Leonardo Bravo, Ometepec, Pedro Ascencio Alquisiras, San Miguel Totolapan, Tecpan de Galeana, Tlapehuala y Xalpatláhuac. En tanto que los organismos operadores de agua potable de Chilpancingo, Taxco y Tixtla tampoco lo hicieron.
En la misma situación se encuentran seis sindicatos: el de servidores públicos del estado, de trabajadores académicos de la UAGro, el de técnicos, administrativos y de intendencia al servicio de la universidad, los dos del Colegio de Bachilleres, de trabajadores de la Música y el de trabajadores, empleados de Agua Potable, Alcantarillado y Conexos.
Recursos de revisión
En 2019 hubo un incremento sustancial en el número de recursos de revisión: en 2018 se presentaron 379 y esa cifra se incrementó a 617 en 2019, es decir, 62.7 por ciento más. Una primera interpretación es que al aumentar las solicitudes de información crece el número de recursos. En principio es cierto, pero desde hace algunos años hemos sostenido que los solicitantes, aunque sientan afectado su derecho a la información por alguna de las causales que establece la ley, no siempre presentan los respectivos recursos por diversos motivos, generándose una cifra negra en este rubro. Es muy probable entonces que haya un mayor interés de la ciudadanía en dar seguimiento a sus requerimientos de información no satisfechos y por lo tanto un ejercicio más pleno de este derecho.
El incremento de los recursos de revisión también evidencia que las dependencias públicas no están cumpliendo con el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, tal vez sea una tendencia que viene arrastrándose desde hace varios años, pero por lo menos ya hay un mayor interés por inconformarse cuando ese derecho no es satisfecho.
Los sujetos obligados que tuvieron un mayor número de recursos de revisión durante 2019 fueron el ayuntamiento de Acapulco (78), la Fiscalía General del Estado y el Congreso del Estado de Guerrero (40), la Universidad Autónoma de Guerrero (27), el ayuntamiento de Coyuca de Benítez (20), la Secretaría de Finanzas y Administración  y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (18); la Secretaría de Educación Guerrero (11) la Secretaría de Salud (8) y el ayuntamiento de San Luis Acatlán (8).
De nueva cuenta, los ayuntamientos fueron el sector que más recursos recibió con 248, el Ejecutivo del estado tuvo 191, los organismos autónomos 58 y el poder Legislativo recibió 40, mientras las universidades registraron 37.
Llama la atención que hay un número grande de recursos de revisión que se desechan (143) o sobreseen (122), entre ambos equivalen a 42.9 por ciento.
Por otra parte, también hay que destacar que en 2019 se presentaron 146 denuncias ciudadanas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, lo que significa un aumento de 64 por ciento respecto a 2019. Hay que recordar que el artículo 103 de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado establece que cualquier persona puede denunciar ante el órgano garante la falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en la ley.
Independientemente del proceso que hayan seguido, los sujetos obligados que más denuncias ciudadanas recibieron fueron el ayuntamiento de Cocula con 21, Congreso del estado con 14 denuncias, el ayuntamiento de Coyuca de Benítez con 12. Le siguen Chilpancingo (5), Alcozauca (4), la Secretaría de Finanzas y Administración (4), Marquelia (3) y Taxco (3).
Verificación de obligaciones
En el informe también se presentaron los resultados de la verificación vinculatoria a las obligaciones de transparencia que cada año debe realizar el Itaigro a los sujetos obligados. Hay varios temas que pueden destacarse, quizás el más sobresaliente es que la revisión a las dependencias públicas se aplicó a los 48 temas del catálogo de obligaciones de transparencia y no a una muestra, como lo hicieron en la revisión anterior. Esto permite tener una idea más cercana sobre el cumplimiento de las obligaciones y quita cualquier asomo de duda respecto de la rigurosidad con que se realizan las muestras. También sobresale que nuevamente los resultados de la verificación se presentan con calificaciones numéricas, es decir, con esta forma la ciudadanía sabe con exactitud la calificación que obtuvieron los sujetos obligados.
Lo que sí creemos que debe modificarse son las categorías que usa el órgano garante para emitir sus acuerdos de cumplimiento, o de amonestación pública o de denuncia por responsabilidad administrativa para quienes obtuvieron, respectivamente, calificación satisfactoria (de 61 a 100 puntos), parcialmente satisfactoria (de 31 a 60 puntos) y no satisfactoria (de 0 a 30 puntos).
La ley dice claramente que un sujeto obligado cumple con sus obligaciones de transparencia si obtiene el 100 por ciento; cualquier calificación menor es incumplimiento y debe ser merecedora de alguna de las sanciones que establezca el Itaigro.
De acuerdo con la verificación, 26 sujetos obligados tuvieron cero de calificación, es decir, 13.2 por ciento de los 196 evaluados. De éstos, 13 fueron ayuntamientos (San Luis Acatlán, Pedro Ascencio Alquisiras, Copalillo, General Canuto A. Neri, Juan R. Escudero, Tlapehuala, San Miguel Totolapan, Alpoyeca, Igualapa, Leonardo Bravo, Xalpatlahuac, Cutzamala y Arcelia).
Otros sujetos obligados que obtuvieron cero son el organismo operador de agua potable del municipio de Tixtla, el partido Movimiento de Regeneración Nacional, y en el caso del Ejecutivo, la Escuela de Parteras Profesionales, la Casa Guerrerense en el DF, el Consejo de Políticas Públicas, la Universidad Intercultural del estado, el Consejo Estatal del Cocotero y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública; y cinco juntas de conciliación y arbitraje.
Si se compara con el ejercicio 2018, fueron 25 los sujetos obligados con calificación cero, es decir, prácticamente el mismo número que en 2019.
Hay un bloque de siete ayuntamientos que no alcanzan ni diez por ciento en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia (Zapotitlán, Chilapa, Coyuca de Benítez, Tlalixtaquilla, Atlixtac, José Joaquín de Herrera y Huamuxtitlán); y también seis del Ejecutivo que tampoco alcanzaron las 10 unidades (Acabús, Instituto del Deporte, Fideicomiso Guerrero Industrial, Agroindustria del Sur, Comisión Estatal de Arbitraje Médico, y el Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo); y una junta de conciliación y arbitraje.
En total, el Itaigro registra 40 dependencias públicas que no obtuvieron ni siquiera 10 por ciento de calificación. En números relativos equivalen al 20.4 por ciento de los sujetos obligados evaluados. Este escenario muestra que no hay avances sustanciales en los niveles de cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el estado.
Los que sí
De acuerdo con el Itaigro, la calificación más alta en el caso de los ayuntamientos fue para Eduardo Neri, que obtuvo 94.9 por ciento; y otros tres ayuntamientos alcanzaron puntajes por arriba de 90 (Pungarabato, Cuetzala y Tetipac). Hay 16 ayuntamientos que obtuvieron entre 70 y 89 por ciento, y 41 municipios, poco más de la mitad, alcanzaron entre 11 y 69 por ciento. Es decir, sólo cuatro ayuntamientos destacan del conjunto por su nivel alto de cumplimiento y 16 se quedan en la medianía; pero el resto, 61 ayuntamientos, tienen prácticas de transparencia insuficientes, muy bajas dentro del ranking, y esto ya lleva varios años sin ningún cambio.
En el caso de los partidos políticos, indica el instituto de transparencia, excepto el Partido Revolucionario Institucional, que tiene 90.3 por ciento, y Movimiento Ciudadano con 81.8, el resto de los partidos no alcanza ni 60 por ciento de cumplimiento.
Los organismos operadores de agua potable del estado también presentan bajas calificaciones en promedio. La Comisión de Agua Potable de Acapulco tiene un puntaje de 90.2 por ciento, y el segundo sitio en este renglón es el organismo operador de Iguala, con 50.8 por ciento, y el de Zihuatanejo con 50.7; el resto no llega ni a 50 puntos.
Siguiendo las cifras del Itaigro, hay cuatro organismos autónomos con más de 90 puntos: el propio instituto de transparencia (96.8), el Tribunal Electoral del Estado (93.5), el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (93.5), y la Universidad Autónoma de Guerrero (90.1). Dentro de este sector, sólo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado tiene una bajísima calificación con 1.6 por ciento.
Dentro del Ejecutivo, hay nueve dependencias que obtuvieron 90 o más por ciento de calificación; otras 10 oscilaron entre 81 y 89 puntos; 14 tienen entre 71 y 80 por ciento de cumplimiento, y 21 dependencias están entre 50 y 79 de calificación. En tanto que 28 oficinas del Ejecutivo no obtuvieron ni siquiera 50 por ciento.
A grandes rasgos, este es el panorama del estado en materia de transparencia y acceso a la información, y como se observa en el diagnóstico, se perciben algunos avances, pero la constante es un estancamiento en el desarrollo de estas prácticas de la gestión pública que ya lleva varios años. Ya son necesarios cambios profundos que remuevan esa inmovilidad.

Opacidad en el impuesto predial

Marcos Méndez Lara
El reciente incremento al impuesto predial en el municipio de Chilpancingo provocó una amplia reacción de la ciudadanía, que tuvo distintas expresiones como cierre de calles, plantones en las puertas del Ayuntamiento, denuncias en medios de comunicación, huelga de pagos, entre otras, al considerar injustos y desproporcionados los cobros del Ayuntamiento. En los últimos meses y todavía hoy, los medios de comunicación continúan publicando los testimonios de los numerosos casos de vecinos que denuncian incrementos en el impuesto de sus casas o terrenos en tasas de hasta mil por ciento en algunos casos.
Ante estos reclamos, no hay desde el Ayuntamiento suficientes respuestas. La información institucional sobre el incremento ha sido poca, ambigua y además ha fluido a cuentagotas, todavía a esta fecha no se publicitan todos los datos necesarios para entender el marco general, la mecánica del incremento, en qué se gastarán los recursos adicionales y cuánto recibirá la empresa contratada, entre muchas dudas que los ciudadanos quisieran resolver.
En efecto, la constante en toda la puesta en marcha de este proyecto de incremento al impuesto predial ha sido la falta de información; las declaraciones de funcionarios o las explicaciones a medias que se dan a pequeños grupos de ciudadanos nada tienen que ver con una campaña informativa bien articulada y un proceso de sensibilización previo que hubiesen sido necesarios para disminuir las inconformidades.
A la fecha, no hay en el portal electrónico ni en la Plataforma Nacional de Transparencia información que permita entender el porqué del incremento y mucho menos el cómo lo están aplicando, lo cual da pie a las especulaciones, como la comisión de actos de corrupción en el Ayuntamiento o que fue contratada una empresa privada de la que es socio o dueño un conocido político en campaña.
Aunque los propósitos del Ayuntamiento sean legítimos, como aumentar la recaudación para obtener más recursos propios y con esto recibir también más recursos federalizados; y desterrar los manejos irregulares dentro del Ayuntamiento en el departamento responsable del manejo de este impuesto, también es cierto que la estrategia implementada o su inexistencia dejaron mucho qué desear.
Ante la falta de información de una dependencia pública para explicar y justificar sus decisiones, el trabajo de investigación de los reporteros se convierte en una tarea importante para desentrañar lo que buscan ocultar a la opinión pública. En el tema del incremento al impuesto predial en Chilpancingo fueron muy pertinentes las notas de Zacarías Cervantes, reportero experimentado de esta casa editorial, para armar el rompecabezas de una decisión que tomó el Ayuntamiento de Chilpancingo respecto de este tema, que ha estado vigente en la opinión pública capitalina en los últimos meses.
Los trabajos de este reportero publicados el 15 y 16 de enero informan acerca de aspectos importantes de este problema, por lo que en este espacio abordaremos otras vertientes del asunto: el marco general de la decisión y el alto grado de opacidad en los objetivos, operación y resultados de este proyecto del gobierno capitalino.
Por más ingresos propios
La decisión de modificar los términos en el cobro del impuesto predial parece responder a la necesidad de los ayuntamientos de captar más recursos ante las nuevas reglas de austeridad que ha impuesto el actual gobierno de la República y las no tan halagüeñas perspectivas en los niveles de recaudación en el ámbito federal. Tan sólo en las participaciones federales (Ramo 28) –recursos que pueden ser ejercidos de manera libre por los estados y municipios al formar parte del gasto no programable–, tendrán una reducción de 0.9 por ciento en 2020, según el presupuesto de egresos de la federación.
La intención de captar más dinero está presente en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Chilpancingo, publicada en el Periódico Oficial del estado el 24 de diciembre pasado, en donde la administración de Antonio Gaspar Beltrán fundamentó el incremento del impuesto predial en la Ley de Coordinación Fiscal, que desde 2013 establece que en la distribución de participaciones federales también se tomará en consideración como una variable el monto de los ingresos propios de cada municipio. Por ello, indica, “la presente iniciativa de Ley (de Ingresos) tiene como finalidad lograr una mayor captación de ingresos propios, que nos permitan obtener más recursos federales, para fortalecer nuestra hacienda pública y estar en condiciones de atender las necesidades y exigencias de los gobernados (…)”.
Los artículos transitorios de esta ley establecen algunas líneas generales para alcanzar esa meta. Así, por ejemplo, el artículo décimo primero dice que el Ayuntamiento “deberá generar las condiciones necesarias para la promoción de acciones tendientes a elevar la recaudación municipal por concepto de impuesto predial. La Proyección de ampliación de la recaudación no podrá ser menor del 20 por ciento respecto al año anterior, para lo cual deberán ampliar la base de contribuyentes con adeudo e incentivarlos mediante estímulos o requerimientos administrativos de Ejecución Fiscal, para alcanzar la meta recaudatoria”.
En número globales y de acuerdo con esta ley, el Ayuntamiento de Chilpancingo percibirá en el ejercicio 2020 un presupuesto de ingresos por mil 27.3 millones de pesos. La mayor cantidad de estos recursos provendrán de las aportaciones federales (408.4 millones) y participaciones federales (258 millones). Le siguen los ingresos captados por la Comisión de Agua Potable (137.6 millones), el cobro de derechos (103.1 millones) y la prestación de diversos servicios (70.4 millones).
Por concepto de impuestos, la ley de ingresos capitalina calcula que se obtendrán 83.4 millones de pesos, y es el impuesto predial el que tiene el mayor peso en este renglón con 44 millones de pesos. Como referente, en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento del ejercicio 2019 se presupuestaron ingresos por este concepto por 32 millones, es decir, 12 millones menos que en 2020.
El convenio
Además de captar más recursos con el incremento y regularización del cobro del impuesto predial, el proyecto del Ayuntamiento también incluye la firma de un convenio con el gobierno del estado. La ley de Coordinación Fiscal (artículo 2-A) propone incentivos de mayores recursos para los estados que comprueben la existencia de una coordinación fiscal en el impuesto predial, para lo cual “se deberá haber celebrado un convenio con el municipio correspondiente y publicado en el medio de difusión oficial estatal, en el entendido de que la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que se deje de ser elegible para la distribución de esta porción del Fondo de Fomento Municipal”.
En la sesión de Cabildo del 1 de marzo de 2019 del Ayuntamiento de Chilpancingo se aprobó un punto de acuerdo para autorizar al presidente municipal firmar el Convenio Marco de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria entre el gobierno del estado y el Ayuntamiento.
El anexo 1 de este convenio está dirigido a la “administración del impuesto predial”. El objeto del documento es que el gobierno del estado “sea el responsable de la administración del impuesto predial, por cuenta y orden del municipio, así como corroborar la existencia de la coordinación fiscal (…) para acceder al 30 por ciento del excedente del Fondo de Fomento Municipal”. Asimismo, para que el gobierno del estado lleve al municipio un programa “que permita armonizar y optimizar el catastro y sus funciones propias en el ámbito fiscal, a través de la investigación, análisis y diseño para proponer un modelo de catastro que permita incrementar la recaudación del impuesto predial”.
Ambos documentos, el convenio y el anexo 1, se encuentran publicados en el Periódico Oficial del estado del 9 de abril de 2019. De hecho, hay otros 17 ayuntamientos que también firmaron un convenio de esta naturaleza con el gobierno del estado.
Poca o nula información
Hasta aquí, parecen ser legítimos los propósitos del Ayuntamiento de obtener más recursos propios y con esto recibir también más recursos federalizados; también, el de establecer controles y sistematizar la operación de lo relativo al impuesto predial. Sin embargo, la falta de información en varios campos hace que este proyecto sea percibido como negativo: no hay actas de cabildo, ni el contrato de la empresa, ni tutoriales o guías que expliquen la aplicación de esta política en materia de impuesto predial.
El 1 de marzo, en sesión de Cabildo se propuso en el orden del día la discusión y análisis del convenio de colaboración administrativa entre el Ayuntamiento de Chilpancingo y el gobierno del estado. Regidores, entre ellos los de Morena, fueron convocados un día antes de la sesión por el presidente municipal para que de la Secretaría de Fianzas y Administración les explicaran en qué consistía el convenio, pero los ediles argumentaron que no se les proporcionó suficiente información y solicitaron una copia del convenio, que no les fue entregada.
Aunque el acta de la sesión de Cabildo no está publicada en ninguna parte, conseguimos de manera informal parte de este documento, que da a conocer cómo se aprobó dicho convenio. La participación de una de las regidoras da cuenta de esa falta de operación: “el día de ayer se daba una exposición general sobre este convenio que se pretende que se firme entre el Gobierno del Estado y el Municipio, en el cual se acordó que se nos iba a hacer llegar ayer mismo este convenio para que lo pudiéramos analizar y para que el día de hoy ya pudiéramos traer esas observaciones. Lamento mucho decirles que mi voto va a ser en contra por desconocer ese convenio, ahorita nos los están entregando, no puedo aprobar algo que desconozco en su totalidad”.
Y aunque el convenio finalmente fue aprobado por 10 votos a favor, cuatro en contra y una abstención –estos últimos basados precisamente en la falta de información– se observa que aún hay prácticas en el Cabildo que no generan las condiciones para realizar análisis fundamentados que se traduzcan en una mejor toma de decisiones.
La opacidad
La falta de información acerca de la empresa contratada por el Ayuntamiento y la manera en que ésta realizó la actualización de la base gravable se encuentran entre los motivos del gran descontento de la ciudadanía.
Durante los últimos meses corrió el rumor de que una empresa privada había sido contratada para realizar el avalúo de los predios de la capital, la depuración de contribuyentes y el cobro del impuesto predial. Fue hasta mediados de enero de este año cuando se confirmó la especie en voz del alcalde y se supo el nombre de la empresa: Suimpac Consultora.
Según la nota de Zacarías Cervantes, el presidente Antonio Gaspar Beltrán confirmó que contrató los servicios de esa empresa “bajo el argumento de que el Ayuntamiento no cuenta con el equipo, profesionalismo ni la experiencia” y también rechazó que “sea propiedad del ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, pero tampoco quiso informar de quién es”.
También de acuerdo con la nota, contribuyentes inconformes denunciaron que fue la empresa privada la que realizó los avalúos a las propiedades y aumentó el pago del impuesto predial.
Todavía a esta fecha se desconoce se desconoce casi todo acerca de la empresa, no se ha publicado el contrato, ni se tiene información si fue por medio de un proceso de adjudicación o licitación, ni tampoco el acta de cabildo donde se informó a los ediles. Son datos que se mantienen en la opacidad.
La contratación de Suimpac Consultora –de la que por cierto, no aparece ningún antecedente en internet– pone en aprietos a un Ayuntamiento como Chilpancingo, que tiene cerca de 3 mil 200 empleados, una nómina bastante abultada en relación con la población atendida. ¿En qué se ocuparán los empleados que serán desplazados en el Departamento de Catastro?
Argumenta el alcalde: “Es triste decirlo, el (equipo) que se tenía era manipulado por toda la gente de Catastro, es decir, usted iba a Catastro y decía ‘vengo a pagar mi impuesto predial’ y le ponían la base gravable que usted quería”. En efecto, de acuerdo con algunos testimonios, el cobro del impuesto predial era totalmente discrecional, pues al no haber un sistema de control, los empleados podían establecer prácticamente la tarifa que quisieran. Prácticas evidentes de corrupción.
En efecto, impulsar un proyecto como éste iba a tener sus costos políticos, pero la operación desarticulada de la actual administración capitalina y la falta de información sobre cómo se ha implementado este programa hicieron más grande ese costo. Al parecer también está en puerta la intervención de una empresa privada en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo y va por el mismo camino. Pero ese tema lo abordaremos en otra ocasión

Retos para 2020 en transparencia y rendición de cuentas

Marcos Méndez Lara
Hay numerosos asuntos pendientes en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, pero en esta ocasión reseñamos los que podrían abordarse y resolverse este mismo año, es decir, aquellos temas que consideramos urgentes como transparencia, gobierno abierto, la legislación de la ley estatal de archivos, así como órganos de control interno, el sistema estatal anticorrupción y la contraloría social.
Transparencia
Desde hace ya varios años, el cumplimiento cabal de las obligaciones de transparencia por parte de las dependencias públicas es todavía hoy un tema que está en la agenda. Los monitoreos y revisiones que se efectuaban en años anteriores y los que realiza actualmente el órgano garante de manera periódica, evidencian los pobres resultados que tenemos en Guerrero, y desafortunadamente hasta hoy, estos incumplimientos no tienen consecuencias.
Tan sólo en el último monitoreo realizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Itaigro) se obtuvieron resultados poco alentadores. En la verificación 2018 –la más reciente– se revisaron 190 dependencias públicas, de las cuales 61 (32.1 por ciento) obtuvieron puntuaciones que van de 0 a 25 por ciento; otras 25 registraron calificaciones que van de 26 a 60. En tanto que 104 dependencias (55 por ciento del total) alcanzaron entre 61 y 100 por ciento de puntuación.
En este campo hay muchas actividades por realizar. Los monitoreos del Itaigro, por ejemplo, deben ser más frecuentes –el de 2019 se presentará hasta febrero de este año– para tener un mejor pulso de la situación y poder tomar las medidas que se requieran (capacitación, asesoría, exhortos, etc.).
Pero también se debe atender la otra cara de la moneda, es decir, sí se debe contribuir y apoyar a que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones, pero también sancionar a quienes no lo hagan. Desde hace varios años tenemos en Guerrero el problema de la falta de cobro de multas a quienes incumplen no sólo con sus obligaciones de transparencia, sino en general a los que cometen infracciones a la Ley 207 de Transparencia, no entregar la información después de una resolución del Itaigro, por ejemplo.
Es un problema que hemos tratado abundantemente en este espacio, pero hasta hoy sin resultados. A la fecha, seguimos con un récord negativo, pues en Guerrero nunca se ha cobrado una sola multa por concepto de sanciones a los sujetos obligados incumplidos o que cometen infracciones a la ley, lo que propicia impunidad y en general falta de confianza a las instituciones.
Otro tema relevante para abordarse este año es la instalación y funcionamiento de las unidades y comités de transparencia, especialmente en los ayuntamientos. En las dos ediciones anteriores de Monitor de Guerrero presentamos un diagnóstico general sobre estos importantes componentes para lograr que las prácticas de transparencia y acceso a la información se institucionalicen en los gobiernos municipales, como es uno de los propósitos de quienes concibieron y diseñaron la ley general.
Derivado de ese diagnóstico en el presente año puede iniciarse ya una discusión seria sobre la factibilidad de certificar y profesionalizar al personal que coordina las unidades de transparencia, pues si continuamos con la misma dinámica, se corre el riesgo de que cada tres años se repitan las prácticas discrecionales de los alcaldes para designar en las unidades de transparencia a personas inexpertas, sin capacitación y sin perfil para ocupar los puestos. La curva de aprendizaje y la capacitación de los titulares es muy costosa para la transparencia en el estado.
En el caso de los comités de transparencia de los ayuntamientos se debe procurar que su composición sea plural y se incluya la participación de ediles que provengan de partidos diferentes al del presidente municipal. Es necesario también buscar fórmulas que garanticen la inclusión de ciudadanos que tengan realmente interés y conocimiento sobre sus funciones en dichos comités, a efecto de que se conviertan en verdaderos contrapesos y vigilen la fluidez de la información.
El funcionamiento de los comités de transparencia en los gobiernos municipales debe ser plena, sesionar con regularidad y cumplir con las atribuciones que le establece la ley, pues hasta hoy, si bien se ha ganado en el número de comités instalados en relación con el trienio anterior, todavía falta mucho para hacerlos funcionales y que realmente cumplan con un papel destacado en la política de transparencia a nivel local.
Otro de los pendientes en materia de transparencia es el consejo consultivo del Itaigro, que a la fecha no está funcionando. Será muy saludable para la vida pública del estado que los ciudadanos integrados en este consejo emitan opiniones y en su caso recomendaciones para complementar y enriquecer el trabajo que se realiza en el órgano garante. Como se recuerda, el consejo consultivo opina sobre el programa de trabajo y sobre el proyecto de presupuesto del Instituto, además de que conoce el informe del Instituto sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes, entre otras funciones.
La LXI Legislatura del Congreso del estado designó, el 17 de agosto de 2018, a dos ciudadanos y una ciudadana para que integraran dicho consejo consultivo. A diecisiete meses de nombrado, ya es necesario que comience a funcionar.
Varios de los temas anteriores requieren reformas a las normas. Desde el Comité de Participación Ciudadana, que presidí en 2019, promovimos con la Comisión de Transparencia del Congreso del estado la realización de foros u otros mecanismos de participación a través de los cuales se capten propuestas de especialistas y en general de la ciudadanía para mejorar la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información del estado. Sin duda, este 2020 hay condiciones para convocar y organizar tales eventos y dejar avanzados muchos de los temas pendientes.
Gobierno abierto y ley de archivos
Hace unos días me llegó una invitación del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) para que propusiera alguna práctica realizada en el estado que mereciera participar en la convocatoria Reconocimiento de Prácticas Exitosas de Gobierno Abierto 2020. Desde luego, no propondré ninguna porque en Guerrero no ha habido hasta la fecha ninguna iniciativa al respecto.
Sólo como recordatorio, el estado se incorporó en 2016, por iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, a una invitación del INAI para promover e impulsar este tipo de prácticas de gobierno abierto, y específicamente se convocó al Ejecutivo del estado y al ayuntamiento de Acapulco del trienio 2015-2018, cuyos titulares firmaron una carta de intención. En el caso del municipio porteño, el ejercicio nunca se concretó, y con la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, entidad a la que se delegó esta misión, tampoco ha sido posible hasta ahora.
La mayoría de los estados ya han ensayado por lo menos uno de estos ejercicios locales de gobierno abierto, y en Guerrero continúa siendo uno de los grandes pendientes. Según el INAI, gobierno abierto es un modelo de gestión que se basa en los principios de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas y tecnologías de la información para formular políticas públicas que promuevan el diálogo, la colaboración y la co creación entre autoridades y ciudadanos. Los componentes clave son la construcción de espacios y mecanismos de diálogo y colaboración entre ciudadanía y gobierno para la resolución de problemas públicos; y especialmente la procuración de un ambiente propicio para generar la confianza y la legitimidad que requiere esa colaboración.
Otro pendiente para 2020 es la legislación de una ley estatal de archivos. El 15 de junio de 2019 entró en vigor la Ley General de Archivos, que establece un plazo de un año para que las legislaturas estatales diseñen y aprueben su propia ley, basada en el ordenamiento general. Es decir, restan escasos seis meses a la actual Legislatura para trabajar y aprobar una ley estatal, so pena de saltarse el ordenamiento general. La opinión pública nacional tendrá puesta la lupa en los estados, especialmente en los congresos locales, para observar los avances del último de los pilares normativos que dieron origen a los sistemas nacionales de transparencia, fiscalización y anticorrupción.
SEA y órganos de control
A finales de septiembre de 2018 entraron en vigor las modificaciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre relativas a la integración de órganos de control interno en los municipios, una reforma de primer orden que buscaba crear e institucionalizar un mecanismo efectivo para alcanzar los objetivos y las metas de este orden de gobierno, mejorar el desempeño y cuidar el cumplimiento de las normas aplicables a los municipios.
La fecha límite que tenían los ayuntamientos para la integración de estos órganos fue el 29 de diciembre de 2018, y a más de un año del plazo, son realmente pocos los gobiernos que los han constituido conforme a las bases que establece la ley.
Algo está fallando en la implementación de esta norma –indispensable para establecer este importante mecanismo orientado entre otras funciones a disminuir la corrupción en los ayuntamientos– no obstante que se les ha brindado capacitación y asesoría a los gobiernos municipales por parte de los órganos fiscalizador y de control estatales.
Es muy urgente entonces el diseño de acciones que permitan remover los obstáculos a la implementación de esta reforma, pero antes deberán realizarse en el corto plazo los diagnósticos y análisis necesarios sobre el estado en que se encuentran dichos OIC, tarea que podría ser coordinada y concretada desde el sistema estatal anticorrupción.
Y es precisamente este sistema el que, además de efectuar los trabajos que aún se requieren para consolidar su funcionamiento interno, debe comenzar a plantearse proyectos de mayor aliento.
En el primer caso, se avanzará mucho en el momento en que todas las dependencias involucradas planeen y actúen como sistema, es decir, con proyectos coordinados, más allá de sus funciones regulares que les toca realizar de manera individual.
Es urgente también el fortalecimiento del Comité de Participación Ciudadana, la Comisión Ejecutiva y de la Secretaría Ejecutiva, pues son los órganos que generan los insumos necesarios –el CPC mediante su interacción con grupos de la sociedad civil, y la Secretaría Ejecutiva con la realización de investigaciones, diagnósticos y en general cualquier estudio técnico; la burocratización o anquilosamiento de cualquiera de estos órganos inevitablemente disminuirá su potencial y retrasará el desarrollo de proyectos.
Contraloría social
En Guerrero, los sucesivos gobiernos estatales nunca diseñaron ni implementaron una política propia de participación ciudadana para la vigilancia del quehacer gubernamental local que realmente haya funcionado.
Lo que se ha hecho hasta hoy es seguir los lineamientos que dicta la Secretaría de la Función Pública para crear comités de contraloría social en los programas sociales federales. Sin embargo, dicha política tenía serias limitaciones, la propia secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros anunció que “se tienen nuevos lineamientos que la desburocratizan y aumentan su efectividad, convirtiéndola en un espacio participativo ‘donde la ciudadanía vigile lo público y el gobierno se comprometa a dar seguimiento a los hallazgos de la sociedad, mejorar la gestión pública y sancionar si es necesario’”, pues antes los comités de contraloría social eran “estructuras utilizadas para trámites o para simular”.
Pero para los programas estatales poco o nada se ha hecho. Si bien las reglas de operación de los programas sociales estipulan la creación de comité de contraloría social por los beneficiarios, lo cierto es que no se han constituido porque no existen lineamientos para su integración y además no tienen ningún tipo de aliciente o promoción desde la esfera gubernamental, tan necesario en un contexto donde hay poca confianza en las instituciones.
Este año, pues, desde le gobierno del estado se puede concebir una buena política de participación ciudadana, que además es congruente con algunas líneas de acción que se proponen en el plan estatal de desarrollo, como es la promoción y la creación de observatorios ciudadanos, y la “creación de comités técnicos ciudadanos de transparencia y rendición de cuentas.
Estos son algunos apuntes que pueden ser útiles en la integración de una agenda estatal 2020 para mejorar las prácticas de transparencia y de rendición de cuentas. Ninguna de éstas es imposible de cumplir en el corto plazo y sin duda redundarán en una mayor y mejor interacción entre gobierno y ciudadanía y permitirán avanzar en los mecanismos de rendición de cuentas gubernamental.

Diagnóstico sobre comités de transparencia municipales

Marcos Méndez Lara
Los comités de transparencia son órganos colegiados que resuelven controversias y dan pautas de actuación en materia de transparencia en el interior de los sujetos obligados o dependencias públicas. Junto con las unidades de transparencia, que abordamos en la edición anterior, son áreas creadas en la Ley General de Transparencia para la gestión de información y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, cada uno con funciones y composición específicas.
En este número de Monitor de Guerrero, el último del año, abordamos el tema de los comités de transparencia de los gobiernos municipales de Guerrero con el mismo método del anterior. Es decir, nuestra fuente de información son las respuestas a 81 solicitudes de información que presentamos en el primer trimestre del año. Se trata de un diagnóstico muy general de lo que está sucediendo en esos importantes organismos para la transparencia en el nivel local.
Resultados
Este ejercicio de acceso a la información tuvo dos propósitos. El primero, conocer qué y en cuánto tiempo respondían los ayuntamientos a una solicitud de información, a efecto de tener el pulso sobre la atención a este tipo de requerimientos en los gobiernos locales. El otro, contar con información para diagnosticar de manera general cómo están funcionando los comités de transparencia de los ayuntamientos. Para ello, presentamos 81 solicitudes de información requiriendo el acta donde se designa o integra el comité de transparencia del ayuntamiento, y copia de todas las actas de las reuniones del comité realizadas de octubre de 2018 hasta la fecha (a finales de marzo de 2019). Cabe aclarar que no se incluyen en este recuento respuestas extemporáneas ni información producto de recursos de revisión. Tampoco se revisaron los portales oficiales ni la información publicada en la plataforma nacional de transparencia, ya que se trataba de un ejercicio de acceso a la información.
Dieciocho ayuntamientos no respondieron a la solicitud de información, esto equivale a 22.2 por ciento del total. Mientras que seis gobiernos municipales no adjuntaron archivo con la información solicitada, y en dos casos, los vínculos electrónicos son defectuosos. En total, 26 ayuntamientos no respondieron satisfactoriamente.
Los gobiernos que no respondieron son Alpoyeca, Atlamajalcingo, Ayutla, Xochihuehuetlán, Copalillo, Coahuayutla, Cuetzala, Cutzamala, General Canuto A. Neri, General Heliodoro Castillo y Huamuxtitlán.
Tampoco contestaron Mártir de Cuilapan, José Joaquín de Herrera, Pedro Ascencio Alquisiras, San Miguel Totolapan, Zapotitlán, Tlacoapa y Xalpatláhuac.
Otros, aunque respondieron, dieron explicaciones diversas para no entregar información, como el caso de Atoyac, que nuevamente argumentó que: “Por razones de no tener funcionando en óptimas condiciones el escáner, para digitalizar la información, se le solicita pase a la oficina de la unidad de transparencia ubicada en calle prolongación Miguel Hidalgo, Col. Loma Bonita, Atoyac de Álvarez, Gro. C.P. 40930, en un horario de 9:00 am a 4:00 pm, para que le sea entregada la información solicitada en copia fotostática, así mismo contar con credencial de elector u otro documento de identificación oficial”.
O el gobierno de Coyuca de Benítez, cuya unidad de transparencia respondió que “en los próximos 15 días se dará a conocer la página web y vendrán todos los datos que necesita saber”. San Luis Acatlán argumentó que “esta información está disponible públicamente”, pero no proporciona ninguna orientación para localizarla. Y Xochihuehuetlán mencionó que “le informo que el comité y los relacionados con estos documentos mencionan que no se podrá otorgarle la información, a caso de que se presente a la oficina con la titular”.
En general, encontramos que la mayoría de los comités de transparencia se instalaron en los primeros meses de las administraciones municipales. Veinte comités tomaron protesta en el mes de octubre de 2018, 13 en noviembre, seis en diciembre. Tres se instalaron en enero de 2019, cuatro en febrero y dos en marzo. El ayuntamiento de Benito Juárez no específica la fecha. En total, y de acuerdo a las respuestas recibidas, 49 ayuntamientos tenían instalados sus comités de transparencia en el primer trimestre del presente año. Sin duda, es un buen avance, pues se observa que en este trienio sí hay interés por constituir estas importantes figuras, pero como veremos más adelante, al parecer sólo fueron para la foto porque los que están funcionando son contados.
Cabe mencionar que tres gobiernos, incluyendo al de Iguala y Chilpancingo, explicaron que sus comités se instalarían en los próximos meses. El ayuntamiento de la capital dijo que “… a la fecha no se ha podido concretar la toma de protesta del comité de transparencia pendiente por la falta de designación de los tres ciudadanos distinguidos comprometidos en mantener un trabajo transparente de rendición de cuentas con la ciudadanía, sesionar y dar seguimiento a lo que le corresponde. Cabe hacer mención que la prórroga se solicitó contemplando que en este periodo se llevaría a cabo dicho protocolo. Quedamos pendientes por confirmar la fecha de la toma de protesta, haciéndole llegar la invitación para contar con su honrosa asistencia”.
Iguala, por su parte, manifestó que “no ha sido aprobado mediante sesión de Cabildo el Comité de Transparencia, razón por la cual tampoco ha habido sesión alguna de dicho Comité, del mes de octubre a la fecha (21 marzo 2019)”.
En tanto que Pilcaya explicó que “la titular de la Unidad de Transparencia junto con el apoyo y aval de la Presidenta Municipal, se encuentran en el proceso de selección de los integrantes del Comité de Transparencia… Asimismo, se espera que este Comité de Transparencia lleve a cabo su sesión de instalación durante la primera quincena del mes de mayo y con ello dar cumplimiento al artículo 56 de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero”.
Integración de comités
Los comités de transparencia fueron diseñados como órganos colegiados a efecto de que en la toma de decisiones hubiese una mayor deliberación de los asuntos que se ponen a su consideración, y no prevalecieran las decisiones unipersonales, es decir, que las decisiones se tomaran manera horizontal y mediante votación impar.
En el caso específico de los ayuntamientos, la Ley 207 de Transparencia establece, en su artículo 56, que “el Comité de Transparencia estará integrado por lo menos, por ediles designados por el cabildo, el Secretario del Ayuntamiento, los titulares de Asuntos Jurídicos y de la Unidad de Transparencia, así como tres ciudadanos distinguidos de la comunidad”.
La mayoría de los gobiernos municipales cumple con esta composición, según las actas de instalación revisadas. Sin embargo, hay algunas consideraciones que se pueden comentar.
Por ejemplo, el gobierno municipal de Alcozauca no incluyó a ciudadanos en el comité de transparencia, y explica en el acta que emitieron una convocatoria, pero ninguno aceptó, excepto algunos que condicionaron su participación a estar en la nómina, por lo que el cabildo decidió instalar un comité sin ciudadanos y solicitaron “se dispense el requisito de integrar ciudadanos distinguidos del municipio.”
En el caso de Arcelia, el titular de la unidad de transparencia fue nombrado como presidente del comité, pero no incluyeron ni a regidores ni a ciudadanos. En el comité de transparencia de Atenango no se consideraron a los regidores, pero en cambio se eligieron cuatro ciudadanos, y en contraste, en Huituzco y en Coyuca de Catalán solo hay dos ciudadanos. En Eduardo Neri no se incluyeron regidores, como tampoco en Leonardo Bravo ni en Ajuchitlán.
En el municipio de Mochitlán, los regidores cumplen dos funciones dentro del comité de transparencia: fueron designados como ediles, pero también “como ciudadanos distinguidos”. En el ayuntamiento de Atlixtac instalaron primero al comité de transparencia y luego designaron al titular de la unidad de transparencia. Y en algunos municipios como La Unión y Malinaltepec, el alcalde es el presidente del comité de transparencia.
La composición de los comités de transparencia de los ayuntamientos que señala la ley no es fortuita. Se busca que haya especialistas en diferentes temas como el secretario del ayuntamiento, el director de asuntos jurídicos y el titular de la unidad de transparencia. Pero también se busca que haya pluralidad en su interior, como es el caso de la participación de los regidores, y la ciudadanización de las decisiones, con la inclusión de tres ciudadanos del municipio. Estos dos últimos componentes sin duda son los más débiles de los comités de transparencia, pues lo ideal es que en estos órganos colegiados incluyera la participación de regidores de partidos distintos al del presidente municipal, y que en la designación de ciudadanos hubiera una real convocatoria abierta y no la mano de funcionarios municipales para nombrar a sus simpatizantes.
Las sesiones
Aunque la ley no establece plazos específicos para que sesionen los comités de transparencia, sí prevé una serie de funciones que exigen a estos órganos colegiados reuniones constantes y de manera periódica. Del recuento que hacemos en esta edición de Monitor de Guerrero se desprende que si bien hubo un buen número de comités instalados durante los primeros tres meses de las administraciones municipales, el número de sesiones ordinarias y extraordinarias es bajísimo. Con estos datos, pareciera que la intención fue sólo la de cumplir con el requisito de instalación y tomarse la foto, pero no la de hacer funcionales a estos comités de transparencia.
En un periodo de seis meses (de octubre de 2018 a marzo de 2019), la gran mayoría de los ayuntamientos que instalaron sus comités no ha realizado una sola reunión. De acuerdo con la información que nos enviaron, 37 comités de transparencia no se habían reunido para sesionar. Sólo 10 comités tuvieron una reunión, y cuatro comités sesionaron en dos ocasiones. En total, los comités de transparencia de los 81 ayuntamientos sólo realizaron 14 sesiones de trabajo, un número que manifiesta una casi total falta de operatividad de estos órganos colegiados, en detrimento de la rendición de cuentas local.
Algunos ayuntamientos justificaron con diversas explicaciones esta grave carencia. El gobierno de Tlalchapa, por ejemplo, nos dijo “que por ser dada de alta como área nueva del sujeto obligado no se ha llevado a cabo ninguna reunión del comité de transparencia”. Igualapa comentó que “el comité de la unidad de transparencia no ha realizado reuniones, aclaro por que el gobierno del estado aún no nos ha entregado nuestro portal web para poder trabajar al 100 por ciento, estamos en espera”. Mientras que el ayuntamiento de Apaxtla contestó que “hasta el momento no se ha sesionado por problemas administrativos”. Otros, como el de Benito Juárez, en su reunión de instalación aprobaron su calendario de sesiones, pero a la fecha no han realizado ninguna.
Hay que destacar también a los comités de transparencia que sí han efectuado sesiones de trabajo. Juan R. Escudero registra dos sesiones. En la primera analizan y aprueban la tabla de aplicabilidad. Mientras que en la segunda, se analiza la respuesta dada por su contralor interno a una solicitud de información (no específica qué preguntó el ciudadano) y, ejerciendo plenamente sus atribuciones, instruye que se haga una nueva búsqueda y se le responda en otros términos al solicitante.
El ayuntamiento de Mochitlán también ha realizado dos sesiones. Una para aprobar el calendario de sesiones, y la segunda, para informar sobre el estado que guardan las solicitudes de información recibidas por la unidad de transparencia. Ometepec es otro de los gobiernos que ha realizado dos sesiones, una para analizar y aprobar la tabla de aplicabilidad y el calendario de sesiones, y la otra para asignar a las unidades administrativas los formatos exclusivos de la plataforma nacional de transparencia e impartir capacitación a las áreas del ayuntamiento.
Coyuca de Catalán envió un acta de primera sesión, donde analizan y aprueban la tabla de aplicabilidad, además de las respuestas que dieron a solicitudes de información y su participación en una capacitación del Instituto de Transparencia; e Ixcateopan también realizó una primera sesión de su comité y el acta levantada describe con detalle como argumentaron la inexistencia de los datos relativos a los sueldos y salarios de los funcionarios municipales del trienio 2015-2018 y la imposibilidad de subirlos a la plataforma. San Marcos también realizó una sesión, en la que analizan una solicitud de información y declaran que no cuentan con datos debido a que no los entregó la administración anterior.
Son pues, contados los comités de transparencia municipales que están funcionando. Tal vez requieran que el Itaigro les recuerde que no es suficiente instalarlos, sino que sesionen y contribuyan a la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito local
* Este artículo debió publicarse en la edición del 31 de enero, pero por un error de la Redacción no fue así. Ofrecemos disculpas al autor y a los lectores.

A un año del Sistema Estatal Anticorrupción

Marcos Méndez Lara
El 30 de noviembre concluí mi periodo como presidente del Comité de Participación Ciudadana y también como presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Publico en esta edición algunas reflexiones sobre la experiencia de un año de trabajo y acerca de los retos que vislumbro para los próximos meses y años.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y sus similares en los estados son parte de una política pública que generó enormes expectativas, pues el combate a la corrupción se convirtió en los últimos años en una de las principales demandas de la ciudadanía, que todavía hoy percibe altos niveles de corrupción en diversos ámbitos, especialmente en la esfera pública gubernamental.
El año pasado, esta preocupación en el terreno electoral se tradujo en un cambio significativo en las preferencias electorales de la población; pero en años previos, ya se había trabajado en el diseño y aprobación de un gran andamiaje normativo e institucional para dar paso a la puesta en marcha del SNA, primero en el plano nacional y luego en las entidades federativas. La fase de implementación, la más difícil, dicen los especialistas y estudiosos del ciclo de las políticas públicas, puso en su real dimensión los tiempos y ritmos del Sistema: no sería un proceso nada fácil y además, resultados tangibles y perceptibles se observarían en el mediano y largo plazos; antes, sólo sería visible la creación de instituciones, procedimientos, normas y mecanismos para que comenzara a funcionar.
En Guerrero, aunque las reformas y creación de las leyes necesarias se realizaron en tiempo y forma, la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero (Seagro) comenzó hasta finales del año 2018, aun cuando la normativa señalaba como fecha de su inicio el 1 de enero de 2018. La anterior Legislatura del Congreso del estado retrasó el proceso ocho meses y de manera improvisada designó a los miembros del primer órgano programado: la comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana (CPC). A partir de este nombramiento, en agosto del año pasado, la instalación de los demás órganos se vendría en cascada, con plazos perentorios.
Parece fácil, pero quienes conocen los vericuetos del Sistema, constituido por dependencias  gubernamentales y autónomas, y varios organismos nuevos, cada uno con su propia normatividad y agendas; y la articulación que se requiere entre todos éstos para que pueda hablarse realmente de un sistema, tendrán una idea de las dificultades para trabajar en la coordinación de los varios actores y de las instituciones involucradas, a veces con agendas tan dispares o con desarrollos institucionales desiguales.
Los primeros pasos de implementación fueron pausados, a veces difíciles. Aun así, en el periodo pueden destacarse avances en la construcción de los cimientos, necesarios para el funcionamiento pleno y regular del Sistema; es cierto, estos avances no son tan visibles ni espectaculares. En este proceso fue importante la participación de los integrantes del Comité Coordinador, quienes en ningún momento obstaculizaron la construcción de estas bases.
En el presente ejercicio se instalaron los órganos que ordena la Ley 464 del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, a saber: el Comité de Participación Ciudadana (4 de diciembre de 2018), el Comité Coordinador (28 de enero), el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva (13 de marzo), la Secretaría Técnica (13 de marzo) y la Comisión Ejecutiva (22 de octubre). También, se aprobaron o se encuentran en trámite los procedimientos básicos para su funcionamiento regular y para reglamentar y mejorar su gestión. Todos los órganos, una vez que fueron instalados, han realizado sesiones ordinarias y extraordinarias, por lo que considero que hay una normalidad institucional del Sistema y quizás eso sea lo más significativo de las actividades de este año.
Si bien, está pendiente la integración del Sistema Estatal de Fiscalización -porque en la mayoría de los ayuntamientos no se han instalado los órganos internos de control, que son clave para prevenir, investigar, sancionar o dar parte a otras instancias sobre los actos relacionados con faltas administrativas o hechos de corrupción en el nivel local- y su Comité Rector, en la práctica, existen las condiciones mínimas para, ahora sí, comenzar a ocuparse de los objetivos sustanciales del Sistema.
Los primeros pasos tuvieron su grado de incertidumbre. Si bien, la Legislatura anterior retrasó la designación de la comisión de selección del CPC, la actual Legislatura no fue precisa en la asignación de un presupuesto específico para la Secretaría Ejecutiva del Sistema -generadora de los insumos técnicos para el Sistema-; adicionalmente, la asignación de un presupuesto y liberación de la primera ministración de recursos se concretó ya entrado el año; instalaciones y mobiliario se tuvieron hasta el último trimestre del ejercicio. Pareciera que estos ritmos son frecuentes y normales en la administración pública, pero lo cierto es que en esas circunstancias fue más difícil concretar avances, especialmente porque la ley marcaba plazos específicos para la instalación de los diferentes órganos.
Hay varios aprendizajes en este primer año de implementación del Sistema. Aunque todos los involucrados conocíamos la normativa y más o menos las experiencias de otras entidades federativas, poner en funcionamiento el Sistema fue una práctica nueva. La composición del Comité Coordinador, que de manera novedosa establece la inclusión de un ciudadano, quien precisamente lo preside; y la integración de otras instancias también nuevas como la Comisión Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana, requirieron, primero, de un conocimiento de la dimensión de cada una de éstas, de sus alcances y objetivos; y, segundo, de un reconocimiento de todos los actores para estar dispuestos a la interacción. Estos procesos no se dan de manera automática.
Lo que sigue
La esencia del sistema es la coordinación de acciones para poder cumplir los objetivos que establece la ley. Esta política anticorrupción fue concebida con el propósito de que las diferentes dependencias encargadas de prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y actos de corrupción no actuaran de manera aislada y cada una por su cuenta. De hecho, ése fue uno de los principios rectores de los que partió la idea del SNA, pues la fragmentación de las acciones que realizaban -y todavía hoy realizan las dependencias encargadas con el control, la fiscalización o la aplicación de sanciones-, propicia que los resultados se vean disminuidos o nulos.
En Guerrero, este año tuvimos avances para construir una “normalidad institucional”, pero, hay que decirlo, no logramos articular actividades significativas hacia los objetivos básicos del Sistema. Si bien, se establecieron varios temas relevantes en la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador (órganos internos de control en los municipios, participación ciudadana en los programas gubernamentales, integridad empresarial), a efecto de que se establecieran actividades de manera coordinada, la intención no fructificó y cada una de las seis dependencias del Comité continuó realizando acciones por su cuenta, de acuerdo con las agendas que regularmente siguen.
Ese es el reto mayor que está enfrente, pues evidentemente se requiere la articulación de acciones y la actuación conjunta para el diseño e implementación de políticas anticorrupción en el estado, a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Sistema. Esta tarea del Comité Coordinador no será fácil ni rápida, pues la coordinación interinstitucional no es nada sencilla por los objetivos, metas, ritmos y dinámicas que cada uno tiene.
Comisión ejecutiva
La Comisión Ejecutiva es una pieza fundamental del Sistema, ya que es el motor que genera los insumos técnicos al Comité Coordinador para la toma de decisiones, como las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de
corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos; el establecimiento de metodologías para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, a los fenómenos de corrupción así como las políticas integrales, entre otras funciones.
En el caso de Guerrero, se requieren mayores esfuerzos y disposición para una integración plena de la Comisión Ejecutiva, pues, a la fecha, no tenemos ninguno de esos trabajos. Me parece que, para recuperar el tiempo que no sesionó en 2019, la Comisión Ejecutiva debe tener una actividad muy intensa de inmediato y durante el próximo año, y reunirse cuantas veces sea necesario, para desarrollar los estudios, diagnósticos, indicadores, evaluaciones y en general todos los productos que de ella se esperan y que además éstos sean de calidad, serios y muy profesionales. Los mecanismos de interacción entre quienes la componen actualmente deben aceitarse de manera urgente, pues el Sistema no puede darse el lujo de que persista su inactividad. 
Comité de Participación Ciudadana
El Comité de Participación Ciudadana también debe redoblar sus esfuerzos. Hay capacidad entre sus integrantes para hacer buen trabajo, se construyó una base institucional para sesionar de manera constante, se aprobó un reglamento de funcionamiento y ya se cuenta con un espacio físico para que realicen sus actividades. También, para 2020, se cuenta con una propuesta de presupuesto mayor al de 2019 -que aprobará el Congreso del Estado en los próximos días- para la Secretaría Ejecutiva y que incluye los honorarios de los integrantes del CPC, por lo que ya no existirá esa incertidumbre que persistió durante buena parte de 2019.
Trabajar de tiempo completo en favor del Sistema es una condición que establece la norma para el Comité de Participación Ciudadana, pero también un principio ético. Ya no hay argumentos para no hacerlo así, nuestra condición de comisionados ciudadanos no debe diluir nuestra responsabilidad de contribuir con nuestras capacidades y tiempo para apoyar al Comité Coordinador y buscar ser un real vínculo con la sociedad.
También se debe adoptar un esquema colegiado en la toma de decisiones y en la distribución de las actividades. Hay que romper con la inercia que denunciaba la Red por la Rendición de Cuentas, luego de hacer un diagnóstico en las entidades federativas, de que el trabajo de todo el CPC recayera en uno o dos integrantes, pues los resultados serán limitados de esa forma. La responsabilidad debe ser de todos, no es sólo del presidente en turno.
La función de la comisión de selección, que designa cada año a un integrante del CPC, es fundamental para la credibilidad del Sistema. Su contribución es relevante en la medida que seleccione los mejores perfiles a través de procesos abiertos y transparentes, y esta es la clave para despejar cualquier duda en las designaciones. No hacerlo así, no ayuda mucho al Sistema.
Secretaría Ejecutiva
La Secretaría Ejecutiva también es un órgano clave del Sistema, pues es una suerte de brazo técnico y ejecutor de las decisiones del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno; debe trabajar de manera estrecha también con el Comité de Participación Ciudadana, especialmente para conformar la Comisión Ejecutiva, y entregar los productos que decida el Comité Coordinador. La gestión que realice de los recursos financieros, humanos o de infraestructura es fundamental, aunque en la interacción con entidades públicas o privadas debe cuidar su independencia, pues los riesgos de captura siempre estarán presentes. Debe dejar perfectamente establecido que no está al servicio de ninguno de los poderes, ni de organismos autónomos, ni de entidades privadas. Sólo de esta manera podrá construirse poco a poco la credibilidad que tanto necesita el Sistema.
La Secretaría Ejecutiva también tienen importantes retos para el futuro próximo, pues tiene la misión de convertirse en una institución profesional, que evite el burocratismo y la rigidez de los procedimientos. Como lo hacen a nivel nacional y en otras entidades del país, esta secretaría debe contar con el personal más capacitado, con los mejores perfiles, y normalizar que las designaciones se realicen con los mejores estándares, para garantizar que entregará productos de calidad al Comité Coordinador.
Hoy daré un informe final de las actividades del CPC durante 2019. La cita es en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (frente al Centro comercial Chilpancingo).
Tengan por seguro que este cargo lo desempeñé, si con poca experiencia y seguramente no sin errores, pero siempre con honradez, honestidad y con una perspectiva ciudadana, que, me parece, son valores que en este Sistema Estatal Anticorrupción deben prevalecer.

¿Fraude en el Nuevo Mirador? Habrá nuevo integrante del CPC

Marcos Méndez Lara
  Diputados del Congreso del estado de Guerrero solicitaron investigar presuntas irregularidades en la construcción de viviendas de El Nuevo Mirador, un conjunto habitacional localizado en las afueras de la capital del estado, según se lee en la cabeza de un comunicado emitido por el Congreso con fecha 10 de noviembre de 2019. El problema que plantearon los legisladores es la mala calidad de las casas-habitación de ese fraccionamiento y la presunción de anomalías y actos de corrupción en todo el proceso constructivo, ante lo cual solicitaron la intervención de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Función Pública del gobierno federal, para que investiguen los hechos denunciados, a efecto de “coadyuvar con el combate a la corrupción y la cultura de la legalidad, y que sirva, además, como ‘lección contra los corruptos, que nadie evada la justicia y no haya impunidad”.
Más allá de que no prosperó el exhorto y por lo tanto fue enviado a análisis a la Comisión de Vivienda del órgano legislativo, lo cierto es que en el proceso de “reconstrucción” del estado, que se inició después de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, ocurridas en septiembre de 2013, quedaron muchas dudas por la manera en que las diferentes dependencias, casi todas del gobierno federal, manejaron los recursos.
Las presuntas irregularidades del fraccionamiento Nuevo Mirador de Chilpancingo, que hoy se denuncian en el Congreso son sólo un botón de muestra de la gran incertidumbre con que se ejercieron los recursos financieros en Guerrero, sin una clara rendición de cuentas, transparencia a medias, discrecionalidad en las decisiones, y por el cúmulo de denuncias de vecinos y usuarios que todavía hoy se quejan por obras de muy dudosa calidad.
Quejas continuas
En junio de 2018 se inició la demolición de 32 viviendas de El Nuevo Mirador de Chilpancingo, un proyecto habitacional que desde sus inicios se perfilaba con irregularidades; el derribo de las casas en los hechos fue un reconocimiento implícito de las anomalías en la construcción de este fraccionamiento. Sobre este hecho, el entonces diputado federal Abel Cruz Hernández, del Partido Encuentro Social, dijo que “fueron demolidas 32 viviendas de las 582 que componen el complejo habitacional denominado el Nuevo Mirador, a las afueras de Chilpancingo, porque estaban mal construidas, ya que en el subsuelo de las casas hay una falla geológica que provocó que los hogares de la manzana 2-B se inclinaran y registraran grietas en techos y paredes”, según una nota del Canal del Congreso del 18 de julio de 2018.
También explicó el ex legislador que desde el inicio de la construcción, el área de protección civil del estado advirtió sobre la composición del suelo arcilloso que se vuelve inestable con la humedad, lo que propiciaría deslizamientos en el fraccionamiento ocasionando que las viviendas se cuartearan. Por estas fallas, según Cruz Hernández, la Sedatu había iniciado denuncias penales contra las empresas que participaron en la construcción como Casaflex, Jumen, Piccino y Desarrollo Industrial; sin embargo, estas empresas se declararon en quiebra por no tener la obligación de continuar dando el mantenimiento y corrigiendo las fallas que presentaron las viviendas.
Hace una semana, la diputada Norma Otilia Hernández Martínez también denunció en la tribuna del Congreso del estado que desde el comienzo “se dieron a conocer irregularidades, como que los terrenos eran inestables, irregulares y no aptos para la construcción, además de que se pagaron a un costo superior al de su valor real”, según un boletín de ese órgano legislativo. La legisladora guerrerense comentó que apenas se habían entregado las casas, “los daños ya eran notoriamente visibles –cuarteaduras–, dado que la mayoría fueron construidas con estructuras prefabricadas y montadas unas sobre otras”.
Los vecinos también se han inconformado en diversas ocasiones, incluso cerrando la autopista a la altura del Parador del Marqués. Además de denunciar la mala calidad de las obras, se han pronunciado por la introducción de servicios y por mejores accesos al fraccionamiento.
Plan Nuevo Guerrero
El proyecto habitacional Nuevo Mirador es parte de un ambicioso programa del gobierno federal llamado Plan Nuevo Guerrero, creado para hacer frente a las afectaciones por las torrenciales lluvias de septiembre de 2013. De acuerdo con el portal Transparencia Presupuestaria, durante poco más de tres años se destinaron 45 mil 238.5 millones de pesos para la reconstrucción del estado, equivalentes a lo que se gastaba en un año fiscal en todo el estado. El gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a que estos recursos se ejercerían con rigurosa transparencia, incluso el día que anunció la creación del Plan, el 7 de noviembre de 2013, expresó que “Para que esta ayuda rinda frutos y llegue efectivamente a quienes más lo necesitan, son imperativas la transparencia y la participación social”. También el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, dijo que el Plan Nuevo Guerrero representaba una “oportunidad de ejercer los recursos de manera ejemplar, con la participación de la ciudadanía y con absoluta transparencia”. Pero no fue así. De esos más de 43 mil millones de pesos nunca hubo información abierta, veraz, confiable y comprobable.
En su momento, hicimos algunos ejercicios de acceso a la información para tratar de conocer más sobre el Plan y encontramos sólo datos generales y dispersos en el portal Transparencia Presupuestaria, insuficientes para dar un seguimiento puntual de los recursos; también se solicitó a varias dependencias federales (Sedatu, Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Economía, Comisión Nacional del Agua) información diferente y con mayor detalle de la que se publicaba en ese portal electrónico, relacionada con la reconstrucción, y éstas escondieron y retrasaron los datos o sus respuestas fueron muy parciales y en algunos casos la clasificaron como confidencial.
Una de las dependencias más reacias a entregar información fue la Sedatu, precisamente la dependencia que tuvo la responsabilidad de construir viviendas para quienes las perdieron en septiembre de 2013, como fue el caso de los damnificados de Chilpancingo con el proyecto de El Nuevo Mirador.
Opacidad en la construcción de viviendas
La falta de transparencia de la Sedatu en el ejercicio de los recursos públicos federales para la reconstrucción de viviendas abre la puerta a la especulación y a presuponer que hubo irregularidades y quizás actos de corrupción. La experiencia de revisar los sitios oficiales, presentar solicitudes de información y dar seguimiento a los recursos de revisión interpuestos ante el INAI, permite documentar esta opacidad en la dependencia, que contrastaba notablemente con lo dicho por Peña Nieto (ver ediciones de Monitor de Guerrero del 31 de marzo, y 14 y 28 de abril de 2015).
De manera específica en la construcción de viviendas en Guerrero, la dependencia federal mantuvo un gran desorden y parcialidad en sus datos, de tal manera que no coincidían la información que difundían sus funcionarios en declaraciones a la prensa, ni los que publicaba el portal electrónico del Plan Nuevo Guerrero ni los que entrega como resultado de solicitudes de información.
Dijimos en aquella oportunidad que “esta anarquía en la información no permite hacer un balance certero del ejercicio de los recursos del publicitado Plan Nuevo Guerrero, pues no hay información básica congruente, y lo que encontramos deja entrever o una total ineficiencia para establecer controles efectivos al dinero público en la construcción de viviendas o una gran negligencia y un claro propósito de ocultar información con fines no declarados”.
Como muestra, en septiembre de 2014, el ex titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, explicó que la dependencia a su cargo tenía 10 mil 776 acciones, de las cuales 5 mil 672 correspondían a la construcción de viviendas, y de éstas, ya se habían entregado 2 mil 654.
Sin embargo, a diferencia de estos datos y como respuesta a una solicitud de información, la Sedatu comunicó que al mes de septiembre de ese año, se habían construido 6 mil 281 viviendas con una erogación de 753.7 millones de pesos en beneficio de 24 mil 495 habitantes. Es decir, una gran diferencia en el número de viviendas construidas reportadas por el ex secretario y lo que respondió la dependencia ante una solicitud de información de 3 mil 627 viviendas.
Este fue el tenor del manejo de la información por parte de las dependencias involucradas en el Plan Nuevo Guerrero. Ni siquiera los datos básicos cuadraban, mucho menos la información sobre licitaciones, empresas que participaron en la construcción, habitantes beneficiados… Es un tema pendiente que a estas alturas difícilmente será investigado.
Nuevo integrante del CPC
Está en proceso la designación de un nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, que sustituirá a uno de los actuales miembros. La Comisión de Selección, designada por el Congreso del estado en agosto de 2018, realiza los procedimientos correspondientes para nombrar al nuevo integrante, lo cual no debe pasar del 30 de noviembre. La opinión sobre la nueva designación que aquí emito es a título personal, no lo hago como presidente del CPC, sino como ciudadano, pero con la experiencia de haber presidido este órgano ciudadano, lo que me permite expresar algunas consideraciones con conocimiento de lo que digo.
Primero. La naturaleza del trabajo del CPC requiere que sus integrantes tengan perfiles de diferentes disciplinas. Actualmente hay tres miembros con formación profesional de contaduría, lo cual ha contribuido a resolver algunos asuntos, pero indudablemente es más necesaria la multidisciplinariedad dentro del grupo porque así se mejorará el desarrollo de las actividades del CPC. Hay tela de donde cortar entre los actuales candidatos.
Segundo. Es preciso recalcar a los aspirantes que la función en el CPC es de tiempo completo; en las convocatorias de algunas entidades federativas se subraya esta condición, que por otra parte, está señalada claramente en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción: “Los integrantes del CPC no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza (…), ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán”. Como en la convocatoria de Guerrero no se señala, no está de más que la Comisión de Selección les reitere a los aspirantes el cumplimiento de este compromiso.
Tercero. Es importante que el nuevo integrante del CPC tenga la camiseta de ciudadano bien puesta. Uno de los retos que enfrentará el sistema en los próximos años es conservar la independencia de sus acciones y decisiones, pues la captura de los diferentes órganos que lo componen será un riesgo permanente. El complejo entramado institucional del sistema, que exige a los integrantes del CPC una interacción permanente con actores gubernamentales y de organismos autónomos, no debe desdibujar su obligada vinculación con diferentes sectores de la ciudadanía y generar los mecanismos que permitan que su voz está dentro del SEAGro.
Cuarto. La propia naturaleza de un Sistema Anticorrupción, obliga a que el procedimiento de elección del nuevo integrante del CPC sea lo más transparente posible y por lo tanto a tener buenas prácticas en este sentido, como publicar los resúmenes curriculares o versiones públicas de los currículos de los candidatos, difundir ampliamente los lugares y días de entrevistas y de las reuniones con organizaciones, justificar y motivar la decisión final, en fin, toda la información que permita a la ciudadanía conocer los perfiles y estar al tanto del proceso. A la fecha no se ha hecho y no hay mecanismos de comunicación efectivos para conocer esta información.
Quinto. El año pasado, la organización Nosotrxs difundió un texto en donde denunció un posible conflicto de interés entre algunos de los candidatos con respecto a los órganos o instituciones de los que formaban parte algunos miembros de la Comisión de Selección. En el proceso actual, los integrantes de la Comisión seguramente pondrán todo el cuidado necesario para evitar caer en cualquier posible conflicto de interés.
Por último, comento que mi función como comisionado presidente del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero concluye el 30 de noviembre; después de ese día, me reintegro a las actividades de la asociación civil que presido.

Alcaldes piden más recursos, pero no rinden cuentas

Marcos Méndez Lara

  Hace un par de semanas, unos 150 presidentes municipales de diferentes entidades del país protagonizaron una protesta en las afueras de Palacio Nacional. Su propósito era solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar el asunto de los presupuestos destinados a los municipios, pero al no conseguirla, intentaron ingresar al inmueble por la fuerza, y en respuesta fueron rociados con gas lacrimógeno.
Sin duda, la manera en que el gobierno federal procesó esta demanda fue inapropiada, especialmente porque en la narrativa del presidente se hace referencia a la no violencia y al diálogo como mecanismos de resolución de los conflictos. Pero no me referiré a ese tema, sino a algo más importante: la incongruencia de los alcaldes al solicitar más recursos –lo cual es muy legítimo–, pero que, por otro lado, presentan una gran resistencia a ejercerlos con transparencia, eficacia y eficiencia.
En esencia, la protesta de los presidentes municipales fue por la disminución o desaparición de programas o fondos destinados a municipios. Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nezahualcóyotl, Estado de México, y quien encabeza el Movimiento Nacional Municipalista, explicó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, los estados y municipios recibían 31 mil 352 millones de pesos del Ramo 23 para obras de desarrollo regional; pero en el PEF de 2020 esa cantidad se redujo a 5 mil millones, es decir, una disminución de 83.5 por ciento.
Asimismo, solicitan que se incremente en 3 mil millones de pesos el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, y proponen que el Programa de Pueblos Mágicos vuelva a recibir recursos y así incentivar el desarrollo turístico de las diferentes regiones del país. Demandan también restituir los recursos “rasurados” en el presupuesto de 2020 y etiquetarlos a los municipios para los programas Pueblos Indígenas, Fondo Regional, Migrantes, Mineros, Fonden y Fonhapo.
Por cierto, varios alcaldes de Guerrero estuvieron presentes en la protesta del 22 de octubre. De acuerdo con información de El Sur, fueron nueve los presidentes municipales de la entidad que participaron: Erika Alcaraz Sosa, alcaldesa de Tixtla, Antonio Gaspar Beltrán (Chilpancingo), Jenny González (Mártir de Cuilapan), Natividad López González (Eduardo Neri), Esteban Cárdenas Santana (Petatlán), Mario García Flores (Huamuxtitlán), Crisóforo Castro Castro (Quechultenango), Gloria Casarrubias Nava (Ahuacuotzingo) y Julián Castro (Copalillo).
Reacciones
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la protesta de los alcaldes fue “una provocación de los presidentes municipales del PAN”. Les recomendó que si quieren más presupuesto, lo que deben hacer es bajar los sueldos a los funcionarios públicos, no comprar vehículos de lujo, no viajar constantemente al extranjero y evitar la corrupción.
La manifestación de los alcaldes también provocó reacciones en el estado. Una fue la del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Antonio Helguera Jiménez, quien afirmó que los alcaldes guerrerenses deben acudir al gobernador del estado si quieren aumentar sus recursos para el ejercicio fiscal 2020, y no ante el presidente de la República. Lo cierto es que la mayor parte del presupuesto de los ayuntamientos, excepto los ingresos propios, se define en el Presupuesto de Egresos de la Federación y no a nivel local; es decir, el gobierno del estado es intermediario, transfiere a los municipios los recursos que la Federación autoriza provenientes de los Ramos 33 y 28, y en menor medida invierte recursos propios para contribuir a la satisfacción de las necesidades de la población.
Al siguiente día de la protesta de los alcaldes, en el Congreso del estado se escenificó una discusión llena de adjetivos. Los legisladores del PRI, PAN y PRD se manifestaron en contra de la respuesta que sufrieron los presidentes municipales que acudieron a Palacio Nacional, ya que, como dijo el diputado priista Jorge Salgado Parra, los alcaldes solo  fueron a exigir su derecho a ser escuchados, por lo que el debate no era de pesos y centavos, sino por el menosprecio que mostró el gobierno federal por el federalismo.
Mientras que los de Morena arremetieron en contra de los alcaldes argumentando que no hacen buen uso del presupuesto, pues son “ratas que todo el tiempo han jugado con las clientelas, y autocomplacencias porque tiene el poder, pero les recordamos, ya no tienen el poder, y les volvemos a decir moralmente, éticamente, están derrotados”, como dijo la diputada Mariana García Guillén.
La incongruencia
Por lo menos en el estado de Guerrero, la demanda de mayor presupuesto para los municipios contrasta con los realizado hasta hoy por los ediles en materia de transparencia y rendición de cuentas, y en general con un ejercicio ineficaz e ineficiente de los recursos en esas demarcaciones. Hay además una percepción muy negativa de la ciudadanía hacia lo que realizan sus gobiernos locales derivada de poca obra pública municipal construida y de la nula o deficiente provisión de servicios básicos que requiere la población.
Y es que los ayuntamientos guerrerenses no cuentan con los mecanismos de transparencia y control necesarios, o éstos presentan muchas deficiencias, por lo que, sin estos instrumentos, se vuelve poco factible el cabal cumplimiento de los objetivos y metas, en detrimento de la calidad de vida de la población. En los últimos años se ha legislado en torno a tres áreas fundamentales para la transparencia y la rendición de cuentas, a saber: órganos de control interno, unidades y comités de transparencia, y aunque aún tienen otros ocho meses para crearla, áreas especializadas en la sistematización de archivos.
En el primer caso, una modificación a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que entró en vigor el 30 de septiembre de 2018, establece que cada municipio debe instalar su órgano de control interno, lo cual debió realizarse a más tardar a los noventa días naturales a la entrada en vigor, es decir el 29 de diciembre de 2018. A la fecha, la mayoría de los ayuntamientos no ha instalado su órgano de control o lo ha hecho sin seguir los requisitos y criterios de la ley, por lo que hay un gran déficit para que los ayuntamientos establezcan sus propios sistemas de fiscalización, control y evaluación en el manejo de fondos federales, estatales y recursos propios.
En el caso de las unidades y comités de transparencia, si bien los ayuntamientos los han venido instalando, los cierto es que su integración no ha cumplido con la función de facilitar la fluidez de la información, ya que los gobiernos municipales se encuentran entre los sujetos obligados más opacos del estado y los que enfrentan mayor número de recursos de revisión por ocultar o entregar información parcial.
Finalmente, la sistematización de archivos, base para el derecho de acceso a la información y para una apropiada gestión pública, requiere de un área especializada que le dé seguimiento. En breve, los ayuntamientos tendrán esta nueva obligación, y no parece que la vayan a tomar en serio destinándole los recursos materiales, humanos y financieros que requiere.
Guerrero
Los ayuntamientos financian sus actividades fundamentalmente con los recursos federalizados, es decir, con participaciones y aportaciones federales, y sólo en algunos casos, en municipios como Acapulco, Chilpancingo o Iguala, los complementan con recursos propios. Las transferencias de recursos por concepto de Participaciones Federales a municipios se integran por: el Fondo General de Participaciones, el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Especiales sobre Productos y Servicios, Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Compensación ISAN, Fondo de Fiscalización, Fondo Común y Fondo de Fomento Municipal. En cuanto a las aportaciones, se contemplan los Fondos Federales para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios.
De acuerdo con el informe general de cuenta pública del estado de Guerrero del ejercicio 2017, a los ayuntamientos se les aprobó un presupuesto por 10. 454. 4 millones de pesos, pero al final del ejercicio devengaron 12. 55.5 millones, es decir, 15.3 por ciento más del aprobado. No se especifica si la fuente de recursos adicionales es federal o estatal.
De acuerdo con el presupuesto de egresos de 2018, se estableció un monto por 11.663.5 millones de pesos para los municipios, que equivalen al 21 por ciento del total de los recursos para el estado. No sabemos si se devengaron más recursos, pues la información de cuenta pública aún no es pública. De este dinero presupuestado, 4.157.6 millones corresponden a participaciones federales a municipios (Ramo 28), y 7.385.9 millones a aportaciones (Ramo 33).
En el caso del ejercicio 2019, el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso del estado establece una cantidad por 13.499.1 millones de pesos para los municipios, que equivale a 22.6 por ciento del total para el estado. Evidentemente aun no hay informe de cuenta pública de este ejercicio, por lo que no se conoce cuáles fueron las variaciones de ese presupuesto. Del total presupuestado, 4.671.6 millones correspondieron a participaciones federales a municipios y el restante 8.420.1 millones a aportaciones o Ramo 33.
Según la propuesta de presupuesto de egresos para 2020, que será discutida y aprobada por el Congreso del estado en las próximas semanas, a los municipios se les asignarán 14.322.9 millones de pesos, es decir, el 23.1 por ciento del presupuesto total para el estado. Corresponden 5.169.8 millones a participaciones federales a municipios y 8.711.4 millones a aportaciones.
Como se observa, no hay disminución de recursos a los ayuntamientos en los últimos tres años, por lo menos en los sucesivos presupuestos aprobados por el Congreso del estado. Sin embargo, lo que preocupa a los presidentes municipales es que ya no contarán con otros ingresos adicionales que eran proveídos tanto por el gobierno del estado, que desde 2019 sufre ya sus propias restricciones presupuestales, como del gobierno federal, que ha desaparecido programas y ramos del presupuesto para reorientarlos a otros rubros.
A endeudarse
El presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán inauguró una actividad que será tendencia entre los ayuntamientos de Guerrero hacia finales de año: la contratación de deuda pública. En efecto, el edil capitalino tramita un préstamo de 50 millones de pesos, a efecto de pagar salarios y prestaciones de fin de año, a los que destinará del orden de 25 millones; y abonar a la deuda que mantiene con el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), completar el pago de prestaciones a los trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH) y pagar algunas liquidaciones, que se cubrirán con los otros 25 millones de pesos.
Gaspar Beltrán estuvo presente en la manifestación de alcaldes en la Ciudad de México, incluso fue representante de Guerrero en la comisión de ediles que conversó con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Afirmó en esa ocasión que el ayuntamiento de Chilpancingo se suma al planteamiento general de presidentes municipales del país, para que el gobierno federal y el Congreso federal hagan una revisión de la distribución de la hacienda municipal, “toda vez que la asignación a los municipios de 4 centavos de cada peso que maneja el gobierno federal, no es suficiente para atender a la de la población”.
“Estamos demandando también un incremento a las participaciones del Ramo 28 y 33 de la Federación, y que haya para Guerrero un fondo municipalista que tenga que ver con la infraestructura urbana que hace falta en muchos municipios del estado”, agregó.
Sin embargo, esta demanda de mayores recursos contrasta con la manera en que éstos se ejercen. Sólo hay que observar los resultados del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios 2019, de regional, en donde Chilpancingo ocupa el último lugar (de 60 ayuntamientos en el país) con una calificación de 13.76, en contraste con Puebla, por ejemplo, que tiene 99 puntos. Cabe señalar que este índice se obtiene de la revisión a los portales electrónicos de los municipios en los rubros de marco regulatorio, marco programático-presupuestal, costos operativos, rendición de cuentas, evaluación de resultados y estadísticas fiscales.
Chilpancingo es sólo un ejemplo de lo que sucede entre la mayoría de los ayuntamientos que se rebelaron, por lo que el llamado Movimiento Nacional Municipalista necesita legitimidad. No basta con que los alcaldes digan que están en la primera línea en la “solución” de lo los problemas, o que son la autoridad más cercana a la población, para justificar sus demandas de mayor presupuesto. Deben, así lo exige la sociedad, ejercer los recursos de manera transparente, rendir cuenta de ellos y solucionar realmente problemas de la población.